La compañía Minera Autlán, de José Antonio Rivero Larrea, está a punto de conseguir la explotación indiscriminada del agua y de los recursos naturales hasta por 100 años del pueblo maseual, con la instalación de una minera que ocuparía el territorio de los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac en el estado de Puebla, advirtió el doctor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez Rivas.

El 17 de marzo de 2014, el pueblo maseual interpuso un amparo que fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Puebla, en contra de la concesión por no consultar de manera previa, libre e informada a las comunidades indígenas, como lo obliga el Artículo Segundo Constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Después de seis años el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La semana pasada, el ministro Javier Laynez Potisek dio a conocer en internet el proyecto de sentencia que elaboró para responder a los indígenas maseuales, en el que confirma que mantendría el sistema de explotación de los recursos mineros.

En ella, Laynez aseveró que la Ley Minera no se vincula de ninguna manera a los derechos indígenas y, por tanto, no los afecta, por lo que plantea no amparar a las comunidades.

En respuesta, el doctor Rodrigo Gutiérrez, quien también es especialista en Derechos Humanos y perito experto por la SCJN, afirmó que el proyecto del ministro Laynez pone en riesgo la diversidad cultural, ambiental y genética de nuestro país, al priorizar la explotación minera sobre la vida de los pueblos de la Sierra de Puebla.

A esto sumó, la violación al derecho de la propiedad comunitaria indígena.

Criticó la simpleza del argumento que dio el ministro Laynez para no conceder el amparo al pueblo maseual, al referir que “el proyecto de sentencia argumenta que no puede declarar inconstitucional a la Ley Minera porque no incluyó la consulta por omisión, pues si declara la inconstitucional entonces habría que declarar en el mismo sentido todas las leyes existentes”.

Al respecto, aclaró que el ministro evitó la profundidad del debate y obvió preferentemente decir que no todas las leyes solicitan una consulta previa a los pueblos, como sí ocurre en la  Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Forestal.

Durante su participación en el Foro “Afectaciones de la Minería a los Derechos de los Pueblos Indígenas”, efectuado este martes a través de redes sociales, Rodrigo Gutiérrez advirtió que la Ley Minera permite explotar indiscriminada no sólo el oro o la plata, sino a todo lo que se encuentre en el subsuelo.

Por esta razón, dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe tutelar los derechos humanos de las comunidades de la Sierra Nororiental de Puebla sobre la Ley Minera, “debido a que los proyectos extractivos pueden desatar procesos radicales de transformación, que suponen profundas y vertiginosas reconfiguraciones de las relaciones sociales y espaciales que pueden ser irreversibles”.

En ese sentido, afirmó que es necesaria la modificación de la Ley Minera, pues acusó que el proyecto es lesivo y no regula los temas de los pueblos indígenas en la extracción minera; además violenta la identidad cultural y la propiedad comunitaria contemplada en el Artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Dijo que discutir a estas alturas si la corte federal ampara o no a los pueblos indígenas sobre la minería en México, “es querer tapar el sol con un dedo y negar una realidad del tamaño de nuestro propio territorio”.

Gutiérrez Rivas puso en el centro de la discusión el derecho al territorio, las afectaciones que provocan la minería y la amenaza a la supervivencia de la vida de los pueblos.

Argumentó que las afectaciones graves que provoca la minería a cielo abierto en todo el mundo y de forma acuciada en Latinoamérica, están demostradas científicamente, aunado a los testimonios de la lucha de los pueblos que son una expresión de ese daño.

En el marco de una nación auto-reconocida como pluricultural, sostuvo que el Estado Mexicano está obligado a adoptar medidas especiales para proteger a los pueblos indígenas, como la consulta previa, a fin de evitar la violación a la identidad cultural y la vida por actividades lesivas.

Concluyó que frente a un tema tan grave y delicado que pone en juego la biodiversidad, la Suprema Corte no puede esquivar un debate con simpleza y sencillez, debido a que está obligada a incluir los estándares internacionales y tutelar los derechos humanos de los pueblos.

“Las comunidades indígenas tienen una estrecha relación con la tierra y esta debe ser reconocida y comprendida como la base de su cultura, vida espiritual, integridad y supervivencia económica”, recalcó.

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